El Poder y la Responsabilidad de la Información Territorial para el Bien Común
Contar con información territorial a gran escala permite tener entendimientos, generar relaciones, detectar tendencias, oportunidades, riesgos y un sinfín de elementos estratégicos que podrían beneficiar y/o afectar a varios stakeholders. Por lo anterior, esto se traduce en una gran oportunidad y responsabilidad a la vez, ya que la información del territorio no es simplemente un conjunto de datos; es una llave para comprender cómo interactúan los recursos, las comunidades, los ecosistemas y las actividades humanas. Es, en esencia, una fuente de poder.
A modo de ejemplo, podemos detectar posibles sinergias para la realización de infraestructura compartida entre dos empresas, un aumento en la densidad de eventos en un sector que pueden traducirse en una futura zona de sacrificio, anticiparse a cambios en ciertos territorios porque ahora tendrán acceso a agua desalada, nueva infraestructura, entre muchos otros etcéteras.
La pregunta que naturalmente me surge entonces es: ¿cómo podemos utilizarla para el bien común? Y, de ser así, ¿cuál es ese bien común?
El conocimiento a gran escala sobre el territorio puede traducirse en beneficios significativos para una variedad de stakeholders. Por ejemplo, para una empresa minera, entender la complejidad del territorio puede significar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno paralizado por conflictos sociales o problemas medioambientales. Para las comunidades locales, contar con información accesible sobre su entorno puede empoderarlas en las decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Y para el Estado, la información del territorio puede ser la base para planificar políticas públicas que equilibren desarrollo económico con sostenibilidad ambiental.
Pero este poder no está exento de riesgos. La información territorial mal utilizada puede perpetuar desigualdades, generar conflictos o profundizar los impactos negativos en el medioambiente. Si una empresa utiliza la información exclusivamente para maximizar su rentabilidad, ignorando las preocupaciones de las comunidades locales, los conflictos sociales serán inevitables. Del mismo modo, si las decisiones gubernamentales se basan en información incompleta o sesgada, los proyectos de infraestructura pueden fracasar y afectar negativamente a quienes más necesitan de esos avances.
César Hidalgo, en su estudio sobre el crecimiento de la información y el conocimiento, plantea que la información no tiene valor en sí misma; su valor radica en cómo la utilizamos. Esto es especialmente cierto en el caso de la información del territorio. Un mapa, por más detallado que sea, no resolverá conflictos ni optimizará proyectos. Lo que importa es cómo interpretamos esos datos, cómo los cruzamos con otras capas de información, y cómo los transformamos en conocimiento útil para la toma de decisiones.
Entonces volviendo a la pregunta sobre ¿cómo podemos utilizar esta información para el bien común? El primer paso es la transparencia. Cuando los datos territoriales son accesibles y comprensibles para todos los stakeholders, se fomenta un ambiente de confianza y colaboración. Las comunidades, las empresas y el Estado pueden trabajar juntos desde un entendimiento compartido, en lugar de desde posiciones de conflicto. Por ejemplo, un proyecto de energía renovable puede ser diseñado de manera más inclusiva si las comunidades locales tienen acceso a información sobre cómo se verá afectado su entorno y pueden participar activamente en el diseño del proyecto.
El segundo paso es la integración. Los datos del territorio no deben analizarse de forma aislada. Deben combinarse con información social, económica y medioambiental para generar una comprensión sistémica. Los sistemas de información geográfica (GIS) y la inteligencia artificial nos permiten hacer esto a una escala nunca antes vista. Estas herramientas no solo revelan patrones ocultos, sino que también nos ayudan a modelar diferentes escenarios y anticipar problemas antes de que ocurran.
Finalmente, está la ética. El acceso a la información conlleva una responsabilidad enorme. No se trata solo de hacer proyectos más eficientes o rentables, sino de asegurarnos de que el uso de esa información beneficie a la mayoría y minimice los impactos negativos. Esto significa considerar no solo los beneficios económicos, sino también los sociales y medioambientales. Significa preguntarnos: ¿cómo podemos garantizar que la información que tenemos no perpetúe desigualdades, sino que las reduzca? ¿Cómo podemos usar este poder para proteger, en lugar de explotar, los recursos naturales?
En resumen, la información del territorio es un recurso invaluable, pero también una carga de responsabilidad. Su uso no puede limitarse a un grupo reducido de actores con intereses particulares; debe ser una herramienta para construir un futuro más justo y sostenible. El desafío está en nuestras manos: usar este poder con sabiduría y ética para transformar el potencial del territorio en beneficios reales para todos.
